EFE
SANTO DOMINGO;
El embajador de Haití en República Dominicana, Fritz Cineas, manifestó que su gobierno no se va a inmiscuir en la decisión tomada por el gobierno dominicano en el ejercicio de su soberanía respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al país, por la violación de derechos en deportaciones de nacionales haitianos.
Refirió que la embajada haitiana se enfoca en facilitar la documentación (pasaporte, extracto de acta de nacimiento y la carta de identificación nacional) a sus nacionales para colaborar con el proceso de regularización y naturalización iniciado por el Gobierno dominicano.
Reveló que en casi cuatro meses han inscrito alrededor de 70,000 solicitudes de documentación de inmigrantes haitianos, en las cuales trabajan identificando para luego entregar los documentos requeridos para el proceso.
CNDH condena
Mientras, por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la sentencia 256-14, mediante la cual el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la CIDH en la República Dominicana por no ser ratificado por el Congreso Nacional.
En un comunicado emitido ayer, la CNDH calificó esa decisión como “torpe, burda y lo más grave, política” y solicitó la unificación de los esfuerzos colectivos para denunciar lo que está pasando en el país en todas las instancias internacionales.
A su vez, en el Día de la Constitución, pidió la renuncia de los magistrados del TC, porque considera “que están poniendo esta suprema instancia a los servicios de un grupo minoritario que lo que busca es poner de espaldas el país a la comunidad internacional para seguir actuando a su libre antojo violentando impunemente los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos dominicanos”.
Señaló que como ha declarado la presidenta del Centro Robert F. Kennedy, Kerry Kennedy, ese fallo está “negando a todos los dominicanos la posibilidad de tener acceso a la justicia internacional para la protección de sus derechos fundamentales”.
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