11 de noviembre de 2014

España: 26 detenidos por una trama de pagos ilegales a funcionarios.

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En la mañana de hoy agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Manuel Podio Lora, funcionario dependiente del Área de Cohesión Territorial de ese organismo. Tras la detención de este funcionario, que está a punto de jubilarse, la Guardia Civil continúa registrando esta institución en la tercera fase de la Operación Madeja (ahora rebautizada como operación Enredadera), que se inició al investigar la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, una red de «mordidas» en el Ayuntamiento de la capital andaluza.

La Guardia Civil ha confirmado que está desarrollando desde primeras horas de esta mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria la operación Enredadera, en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. En esta operación, los agentes han realizado registros en empresas y domicilios de las citadas provincias. Según el Ministerio del Interior, «esta trama organizada logró infiltrarse en numerosos organismos de distintas administraciones públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos».
La operación Enredadera es «la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla», Domingo Enrique Castaño.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona la Guardia Civil dedujo que «había recibido de la sociedad Fitonovo -contratista habitual de numerosas administraciones públicas- múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo».
Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores «se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos».
Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente, según la Guardia Civil, «pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas». Asimismo, «al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación«.
Las investigaciones judiciales del Caso Madeja llevaron a la cárcel al que fuera jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Amores, así como el empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa. Tanto Amores como González Baró y Huertas se encuentran en libertad bajo fianza. También fue imputado en este casoJoaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.

La Diputación no halló irregularidades en una investigación realizada en 2013

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