Presentan 38 denuncias y querellas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública.

SANTO DOMINGO. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, informó que en el último año esa dependencia de la Procuraduría ha recibido 38 denuncias y querellas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública.

Declaró que las mismas incluyen 11 auditorías remitidas por la Cámara de Cuentas.

Indicó que solo en lo que va de año han llegado 20 denuncias y querellas de diferentes instituciones y funcionarios, que comprenden alegadas violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, uso irregular de fondos, situaciones que conllevan sobornos, sobrevaluación de obras y pagos en excesos por obras contratadas, entre otros.

Asimismo, precisó que actualmente hay bajo investigación ocho ayuntamientos de distintos municipios del país, con niveles que pudieran tener un matiz penal.

“Hasta que las investigaciones no estén concluidas siguen habiendo hallazgos que aumentan o disminuyen los montos. Precisar un monto en ese sentido sería hasta un poquito aventurero”, manifestó.

Al referirse al Ayuntamiento de La Romana, dijo que venía investigándose desde hace varios meses, a raíz de una serie de denuncias que implicaban sobrevaluaciones de obras y sustitución de personas para contratos.

También, alteraciones y duplicidades de cheques, así como un expediente que “tiene bastante y diferentes situaciones que evidencian la posibilidad de un proceso de lo que es el marco de los tipos de corrupción”.

La funcionaria manifestó que con miras a proteger la documentación, fue realizado un descenso en el cabildo “y trajimos los elementos que desde hace tiempo habíamos solicitado vía escrita”. Guerrero indicó que el cabildo suministró parte de los documentos inicialmente, pero había resistencia a entregar otros solicitados.

En cuanto a los ocho cabildos investigados, comentó que se están evidenciando supuestas alteraciones en contratos donde figuran ingenieros, sin éstos tener conocimiento de que se ha utilizado su nombre.

Además, contratos donde alcaldes aparecen como garantes personales de los mismos y en uno figuran cinco obras, pero solo se han iniciado tres. Igualmente, duplicidad de pagos y otras alteraciones donde intervienen la falsificación y el uso de nombres.