Diputados conocerán proyecto de ley sobre datos personales de los ciudadanos.

El Diputado Carlos Gabriel García, coordinador de la subcomisión de Justicia de la Cámara de Diputados que estudia dos proyectos de Ley  sobre protección de datos de carácter personal, adelantó que sobre el contenido de esos proyectos serán escuchados todos los sectores interesados en el tema para que puedan emitir su opinión y contribuir con una legislación moderna, transparente y útil a la sociedad.

Manifestó que en el país se ha hecho una práctica la divulgación, uso y comercialización de los datos personales de los ciudadanos sin el consentimiento de los mismos.

El congresista del Partido Revolucionario Dominicano recordó que el artículo 70 de la Constitución de la República, sobre Hábeas data, indica que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley.

“A pesar de la urgencia que tiene la sociedad dominicana de la aprobación de una ley para regular y proteger los datos personales como lo manda la Constitución  de la República, no vamos a festinar el proceso de socialización de la misma para que el que tenga algo que decir o aportar lo haga en beneficio de una legislación tan importante para el país.” Indicó

Reveló que la comisión que preside ha sido apoderada de los proyectos sobre ley de Hábeas data sometidos por separado por el Diputado de Santiago Demóstenes Martínez y  el Senador Félix Bautista, por lo que es partidario de que ambos proyectos sean estudiados de forma conjunta por la comisión.

De acuerdo al artículo 58 del proyecto de ley  sobre protección de datos de carácter personal, promovido por el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, el responsable del archivo de datos personales, en el momento en que se efectúe cualquier cesión de datos, deberá informar de ellos a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del archivo de datos personales, la naturaleza de los datos que han sido cedidos, el nombre y dirección del cesionario.

Establece que quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y el crédito en el ámbito de la República Dominicana y en el caso de transferencias de datos a la República Dominicana desde países terceros, solo  pueden tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y la fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

El Diputado Carlos Gabriel García precisó que el proyecto de ley del Senador Félix Bautista, aprobado ya en el Senado de la República, señala que el acreedor debe informar al deudor, en el momento que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos legales, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a archivos de datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

En su articulo 51 el proyecto señala que los datos de carácter personal recogidos o elaborados por la Administración Pública para el desempeño de sus funciones no pueden ser comunicados a otras instituciones de la Administración Pública para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas.

Gabriel García destacó que el citado proyecto será estudiado detenidamente en lo relativo al procedimiento que establece para los ficheros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos policiales o de inteligencia, porque muchos legisladores han entendido que pudiera comprometer la seguridad nacional y el combate a la delincuencia.

Dijo que varios países de la región, como Argentina, Uruguay, Colombia  y México, entre otros, han legislado sobre esta materia con la finalidad de consolidar la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.