Un juez federal de Miami impidió el lunes que la Florida pusiera en vigor una nueva ley estatal que prohíbe a los gobiernos la contratación de empresas con vínculos comerciales con Cuba.
Una medida cautelar, ordenada por el juez federal de distrito K. Michael Moore, impide que la ley entre en vigor el domingo como estaba previsto. Y se trata de un golpe a los políticos que respaldaron la legislación, que fue patrocinado por los legisladores de Miami-Dade, aprobada por una mayoría casi unánime de la Legislatura y firmado por el gobernador Rick Scott
Después de una audiencia de una hora en la noche del lunes, Moore dictaminó desde el banquillo en favor de Odebrecht Construction, la filial con sede en Coral Gables de un gigante brasileño de la ingeniería y la construcción.
“No es como si no hubiera algún precedente, y no hubiera habido una carrera en este esfuerzo en el pasado”, dijo el juez, refiriéndose a fallidos esfuerzos legislativos anteriores para dificultar la realización de negocios con Cuba.
Odebrecht USA demandó al Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) a principios de este mes a causa de la nueva ley, que prohibiría a las agencias gubernamentales estatales y locales la adjudicación de futuros contratos por valor de al menos $1 millón a empresas estadounidenses cuyas compañías matrices de propiedad extranjera o afiliadas realicen negocios en Cuba o Siria . Una subsidiaria de la empresa matriz de Odebrecht USA está ampliando el puerto cubano del Mariel.
Odebrecht dijo que la ley estatal le impediría hacer una oferta de $3,400 millones en contratos del FDOT este año, y que la empresa ya había sufrido un “daño irreparable”, porque la ley había asustado a posibles socios comerciales y empleados.
Aunque la orden del juez se dirigió al FDOT, es muy poco probable que ninguna otra agencia estatal o local trate de aplicar la ley mientras que la orden esté en vigor.
El juez estuvo de acuerdo con la afirmación de Odebrecht de que la ley está en conflicto con la facultad del gobierno federal para establecer la política exterior. El estado, dijo Moore, que “se entrometería en los asuntos exteriores, que son tradicionalmente de la prerrogativa del poder ejecutivo”.
La decisión de Moore, aunque es temporal, anuncia la probabilidad de que emita la decisión permanente de que la ley es inaplicable. El juez escribió en su orden que Odebrecht “ha demostrado una probabilidad sustancial de éxito con respecto a sus alegaciones”.No ha fijado una nueva fecha de audiencia, y les dijo a las partes que trabajaran para encontrar una resolución.
En un comunicado, Odebrecht USA, que ha estado involucrada en algunos de los proyectos más visibles del sur de Florida, incluyendo el Centro Adrienne Arsht de las Artes Escénicas y la Arena American Airlines, dijo que estaba “muy satisfecha” por la decisión de Moore.
Estamos muy orgullosos de nuestra trayectoria de 21 años de desempeño y de participación comunitaria en Miami-Dade y la Florida”, dijo la compañía.
“Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a servir al estado de la Florida y sus gobiernos locales, y de permanecer plenamente comprometidos a cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales, y dedicados a trabajar con nuestros socios para proporcionar un servicio excepcional a cada uno de nuestros clientes”.El abogado del FDOT, Paul J. Martin, había argumentado que el estado está autorizado a establecer parámetros sobre cómo gastar el dinero público. También expuso el complicado argumento de que la ley estatal no entra en conflicto con la ley federal debido a que el estatuto de la Florida no permite nada que la ley de EE.UU. prohíba.
Sin embargo, Moore viró al revés dicho argumento y señaló que la ley estatal prohíbe algo que la ley federal permite: que las empresas estadounidenses hagan una oferta sobre contratos públicos, incluso si están afiliadas a compañías que realizan obras en Cuba.
El fallo del lunes permite a Odebrecht continuar operando como lo ha había estado haciendo, incluyendo negociar con el Departamento de Aviación de Miami-Dade para desarrollar Airport City, un proyecto que traería hoteles, oficinas y ventas al por menor al Aeropuerto Internacional de Miami. El proyecto se ha estancado porque los comisionados del condado, oponiéndose a la conexión de Odebrechtcon Cuba, no se fiaban de dar a la firma otro contrato.
No está claro cuántas otras empresas se verían afectados por la ley, además de Odebrecht, principal blanco de la ley.
Desde el comienzo de la audiencia, el juez Moore dio a entender la forma en que fallaría en el caso. Le pidió al abogado del FDOT que hablara primero, a pesar de que Odebrecht había presentado la propuesta de la medida cautelar, y lo bombardeó con preguntas.
Martin citó una ley del 2006 de la Florida que prohíbe a las universidades estatales el uso de fondos públicos para pagar viajes a Cuba o a otros estados patrocinadores del terrorismo. Esa ley fue ratificada por un tribunal federal de apelaciones, y la Corte Suprema de EE.UU. se negó a hacerse cargo del caso el lunes.
Pero Moore dijo que ese caso, que se originó en la Universidad Internacional de la Florida, se aplicaba solo estrictamente a los viajes académicos y con otros fines educacionales. El juez, en cambio, se puso de parte de Moye, de Odebrecht, que citó otros tres casos federales como precedentes.
García, patrocinador de la legislación en el Senado, se enteró de la decisión del juez por un reportero de The Miami Herald, y dijo que estaba “muy decepcionado”, sobre todo porque la Corte Suprema de EE.UU. permitió que la ley se mantuviera en pie en el caso de FIU.
“Cuando hablamos de educación, se trata de (la restricción de) los fondos públicos”, dijo. “Yo no veo ninguna diferencia entre eso y lo que hace el proyecto de ley sobre Cuba y Siria”.
From the beginning of the hearing, Judge Moore hinted at how he would rule in the case. He asked FDOT’s attorney to speak first — even though Odebrecht had filed the motion for the preliminary injunction — and peppered him with questions.
Martin cited a 2006 Florida law prohibiting state colleges and universities from using public funds to pay for travel to Cuba or other states sponsors of terrorism. That law was upheld by a federal appellate court, and the U.S. Supreme Court declined to take up the case on Monday.
But Moore said that case, which originated at Florida International University, applied only narrowly to academic travel and other educational purposes. He sided instead with Odebrecht’s Moye, who cited three other federal cases as precedent.
Garcia, the legislation’s Senate sponsor, learned of the judge’s ruling from a Miami Herald reporter and said he was “very disappointed” — particularly because the U.S. Supreme Court allowed the law in the FIU case to stand.
“When we talk about education, that’s about [restricting] public dollars,” he said. “I don’t see any difference between that and what the Cuba and Syria bill is doing.”
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